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La regidora Melissa Madero exigió anoche, durante la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, una investigación sobre un restaurante presuntamente vinculado al Gerente de Prosperidad, Desarrollo Económico y Turismo, Juan Pablo Martínez Torres, que habría operado durante aproximadamente cinco años sin licencias ni permisos municipales.

Estos señalamientos se sostienen en información obtenida mediante transparencia bajo el expediente 0210/2026 y difundida públicamente por medios de comunicación, donde se señala que el establecimiento habría funcionado al margen de la regulación municipal, pese a que la propia área encabezada por el funcionario es la responsable de supervisar, regular y sancionar a los comercios de la ciudad.

La regidora Madero señaló la importancia de este tema, ya que este caso, ampliamente conocido en la ciudad, podría representar un posible conflicto de interés y una preocupante discrecionalidad en la aplicación de la ley.

El señalamiento golpea directamente a una de las áreas más sensibles del gobierno municipal, las controvertidas “gerencias”, particularmente una encargada de promover el desarrollo económico y garantizar que los negocios operen dentro de la legalidad.

Para la edil, el caso no solo evidencia posibles irregularidades administrativas, sino también un trato desigual frente a cientos de comerciantes que sí cumplen con permisos, licencias, pagos y reglamentos.

Mientras pequeños negocios enfrentan inspecciones, multas, clausuras y cobros municipales, el gobierno ahora enfrenta cuestionamientos por la aparente tolerancia hacia un establecimiento presuntamente ligado a uno de sus propios funcionarios de alto nivel.

La regidora insistió en que el tema debe investigarse a fondo para determinar si existió protección institucional, omisión o uso discrecional de las facultades del Ayuntamiento.

El caso vuelve a colocar bajo presión a las llamadas “gerencias municipales”, figuras administrativas que, desde su creación, han sido cuestionadas públicamente por el gasto desmedido en nómina, falta de resultados, opacidad y ausencia de rendición de cuentas dentro del gobierno encabezado por Luis Ernesto Munguía.

Para diversos sectores ciudadanos, el fondo del problema va más allá de un restaurante sin permisos.

La polémica revive una de las críticas más constantes contra el actual gobierno municipal: la percepción de que en Puerto Vallarta existen reglas estrictas para la ciudadanía, pero flexibilidad y privilegios cuando se trata de funcionarios o personas cercanas al poder.

“La ley debe ser pareja para todos, sin excepciones”, sentenció Melissa Madero.

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