Descuentos millonarios, ¿Por qué autorizaron regalar espacio público con gran descuento a una empresa de Zapopan en Vallarta?
Lo que debería ser un trámite administrativo ordinario hoy se convierte en una alerta pública. La Dirección de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Puerto Vallarta autorizo 100 estructuras publicitarias tipo “tótem peatonal de dos caras” por un total de apenas 500 mil pesos. ¡500 mil pesos por 100 anuncios!
De acuerdo con la propia Ley de Ingresos 2026, en su Artículo 53, los anuncios deben pagar derechos en función de su tamaño y características. Tan solo tomando como referencia el inciso relativo a señalética informativa turística (una de las pocas figuras existentes en la ley), el costo por metro cuadrado asciende a $17,850 pesos.
Bajo ese criterio, cada estructura podría representar aproximadamente $36,414 pesos anuales por anuncio. Multiplicado por 100 unidades, el ingreso potencial para el municipio superaría los 3.6 millones de pesos al año.
Pero no. El documento oficial señala un cobro total de $500,000 pesos. ¡UN DESCUENTO DEL 86%!
La diferencia no es poca, es brutal. Si el cálculo referencial es correcto, estaríamos frente a un descuento cercano al 86% en el uso del espacio público.
Y aquí es donde comienza el verdadero problema, ¿bajo qué fundamento legal se aplicó ese monto? ¿Qué figura jurídica se utilizó para autorizar estas estructuras?¿Por qué no existe claridad sobre el tipo de anuncio autorizado?, ¿Se trata de señalética, publicidad comercial o mobiliario urbano concesionado?
Porque la ley es clara en algo, todo aprovechamiento del espacio público debe estar debidamente fundamentado, clasificado y cobrado conforme a derecho.
Ni la Ley de Ingresos ni el Reglamento de Imagen Urbana contemplan de forma explícita estructuras tipo “tótem publicitario” como las autorizadas. Eso abre una posibilidad preocupante, que se haya utilizado una figura ambigua o inadecuada para justificar el cobro, o peor aún, que se esté operando en un vacío normativo que permite discrecionalidad
Y cuando hay discrecionalidad… hay riesgo.
Esto no es únicamente un tema recaudatorio. Es un tema de, uso del espacio público, equidad para otros anunciantes, transparencia en permisos, planeación urbana y legalidad administrativa.
Porque mientras a pequeños negocios se les exige cumplir con cada requisito, pagar licencias completas y enfrentar sanciones, aquí aparece un esquema que (mínimo) levanta dudas importantes.
¿Se está administrando el espacio público… o se está entregando a discreción? Porque si Vallarta permite este tipo de autorizaciones sin claridad, sin criterios visibles y con montos cuestionables, el problema ya no es técnico, es una realidad muy preocupante, por que esto pareceria entonces un gran negocio.
La ciudadanía tiene derecho a saber sobre el expediente completo del permiso, el fundamento legal del cobro, el contrato o autorización otorgada, el número real de estructuras aprobadas y el criterio utilizado para fijar el monto
En un contexto donde el municipio enfrenta presiones financieras, deudas y cuestionamientos sobre el uso de recursos, este tipo de decisiones no pueden pasar desapercibidas.
Porque cuando el gobierno cobra menos de lo que podría (o debería), alguien está perdiendo. Y ese alguien siempre termina siendo el ciudadano.
El espacio público no es propiedad de una dirección. Es patrimonio de todos. Y cada peso que no se cobra… es una pregunta que sigue sin responderse.