Un conocido restaurante vinculado a Juan Pablo Martinez Torres, Gerente de Prosperidad, Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, ha operado durante cinco años sin licencia ni permisos municipales, según confirmó el propio gobierno a través de una resolución emitida por la Unidad de Transparencia bajo el expediente 0210/2026.
El establecimiento, ubicado en Av. Francisco Villa #1285, en Fluvial Vallarta, no cuenta con registro alguno de funcionamiento, pese a que la autoridad asegura haber realizado una búsqueda “minuciosa y exhaustiva” en sus archivos. La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias confirmó que no existe licencia ni permiso de operación para ese establecimiento. La información, simplemente, no existe.
Esto no es un “error” administrativo. Es una irregularidad directa e ilegal, la operación de negocios sin permisos o licencias.
El dato es muy grave, el funcionario encargado de promover el desarrollo económico (y de hacer cumplir las normas para operar negocios) y el turismo, aparece vinculado a un establecimiento que, en los hechos, funciona fuera de la ley. Y el caso adquiere aún mayor relevancia al tratarse de un servidor público del más alto nivel dentro del ayuntamiento, y con un sueldo mensual de $75,496.2 pesos.
Mientras pequeños comerciantes son inspeccionados, sancionados o clausurados por no cumplir con permisos, desde el propio gobierno se tolera (o se ignora) la operación irregular de negocios ligados al poder. Porque el Ayuntamiento mantiene operativos, inspecciones y cobros a comercios formales, pero este caso evidencia una posible aplicación selectiva de la ley, hay reglas, pero no para todos, sobre todo si eres amigo del alcalde y Gerente de su gobierno.
El Ayuntamiento debe explicar porque un negocio vinculado a su Gerente de Prosperidad y Desarrollo Económico ha operado sin licencia durante cinco años, quién lo permitió y si habrá consecuencias administrativas, incluyendo su posible (y obvia) separación del cargo.
El silencio institucional o falta de acción, solo agravaría la sospecha, en Vallarta, la legalidad parece depender más del cargo y del amiguismo que del cumplimiento de la ley. Este pondría nuevamente en evidencia a nuestro gobierno, mostrándonos como esta administración ejerce el poder en Vallarta… con discrecionalidad, opacidad y una doble vara que castiga al ciudadano común mientras protege al funcionario.
Aquí no hay espacio para interpretaciones, ni para excusas como “desconocimiento” o “errores administrativos”. Si no hay licencia, es ilegal.
Y si es ilegal, alguien dentro del gobierno lo está permitiendo. Y por encima de los gerentes, solo hay una responsabilidad política de mayor jerarquía, los regidores y el alcalde.
Secretaría de Turismo Jalisco
