En una ciudad cuya economía depende casi por completo de su territorio, sus playas, sus selvas y su paisaje, el cargo de Vincent O’Halloran Lepe, “Gerente de Territorio y Ciudad Sustentable”, no es un puesto decorativo ni una ocurrencia administrativa. Es —o debería ser— una de las responsabilidades más estratégicas del gobierno municipal; la que debe anticipar conflictos, proteger el interés público y dar conducción institucional cuando se disputa el uso del territorio.
Y, sin embargo, lo que vimos fue exactamente lo contrario. Mientras habitantes, prestadores de servicios turísticos y colectivos ambientalistas exigían lo elemental (acceso público a la playa, respeto al artículo 27 constitucional y protección de un área natural) el gobierno municipal reaccionó tarde, mal y sin capacidad operativa. El responsable del “territorio” llegó cuando el problema ya había estallado.
Y llegó sin lo mínimo indispensable para cumplir su función. Sin preparación, sin herramientas, sin una ruta clara de acuerdos y sin la solvencia política y técnica que exige una crisis social de esta naturaleza.
En Puerto Vallarta la sustentabilidad no es discurso, es vida, herencia y supervivencia. Aquí, cada playa cerrada, cada acceso bloqueado, cada concesión opaca y cada decisión ambiental mal tomada golpea directamente la economía local, rompe el tejido social, erosiona la confianza pública y, lo más grave, compromete un patrimonio natural irremplazable.
El conflicto de Mismaloya estalló porque la comunidad lleva tiempo advirtiendo (con manifestaciones, protestas y reclamos públicos) que no está dispuesta a seguir tolerando un gobierno que administra sin responsabilidad y sin presencia real en el territorio. La percepción es contundente, se gobierna desde el escritorio, lejos de la gente y lejos del cuidado del paraíso natural que sostiene a la ciudad. Y el Ayuntamiento aparece solo cuando el conflicto ya es escándalo, cuando la crisis ya se volvió costo político y social.
Ahí está el núcleo del problema. Cuando la sustentabilidad se usa como promoción política y se gestiona como burocracia, termina inevitablemente en conflicto. Cuando el medio ambiente se reduce a una “gerencia”, pierde su carácter transversal de política pública y se convierte en trámite, simulación y retórica. Puerto Vallarta no puede darse ese lujo.
La creación de más gerencias, direcciones y subdirecciones se ha vendido como modernización administrativa. En los hechos, ha producido lo contrario. Fragmentación, dilución de responsabilidades, operación deficiente, ausencia de liderazgo y resultados inexistentes.
Nadie previene, nadie asume, nadie responde. Todos “coordinan”, todos mandan, pero casi nadie resuelve. El caso de Vincent O’Halloran y su falta de capacidad, no es el problema en sí mismo nada más, es el síntoma de algo mucho más grande. El síntoma de un gobierno que confunde sustentabilidad con “branding”, que cree que basta con nombrar cargos para proteger el territorio, mientras la presión inmobiliaria, turística y privada avanza sin contrapesos sólidos, sin transparencia y sin mecanismos confiables de rendición de cuentas.
Y cuando el gobierno no protege el territorio, la ciudadanía sale a defenderlo. Con bloqueos. Con protestas. Con confrontación. No por capricho, sino porque entiende que lo que está en juego no es una calle ni un permiso, es el derecho colectivo al espacio público y al futuro ambiental de la ciudad.
La lección de Mismaloya es brutal, pero necesaria. Sin presencia efectiva del gobierno, el territorio se privatiza; sin reglas claras, la sustentabilidad se negocia; sin autoridad legítima, el conflicto se normaliza.
Puerto Vallarta necesita menos gerentes y más gobierno de verdad. Menos simulación verde y más política ambiental seria. Menos cargos y más consecuencias.
Porque si quienes deben proteger el territorio llegan tarde, sin herramientas, sin decisiones y sin capacidad (acompañados, además, por más “jefes” amigos y compadres igual de improductivos) entonces la ciudad no solo está mal gobernada, está caminando, conscientemente, hacia un futuro peligroso e insostenible.
Y en una ciudad que vive de su entorno natural en todos los sentidos, eso no es un error administrativo. Es una irresponsabilidad histórica. #PuertoVallarta#Mismaloya