En Puerto Vallarta, el turismo no atraviesa una crisis de visitantes, sino de dirección. No de recursos, sino de responsabilidad. Y lo más grave: no de falta de dinero, sino de transparencia y rendición de cuentas.
Durante la última sesión de Cabildo, la regidora Melissa Madero rompió el silencio y dijo en voz alta lo que muchos dentro y fuera del gobierno ya sospechaban: la Dirección de Turismo Municipal no está cumpliendo con su deber legal ni con la confianza que le fue depositada. Los números no mienten, y los informes (o más bien, la falta de ellos) tampoco.
De un presupuesto aprobado de $20,931,844.91, solo $11,870,249.74 quedaron vigentes tras las modificaciones. Sin embargo, apenas $6,529,639.53 han sido ejercidos. De esa cantidad, únicamente $479,103.08 se destinaron a promoción turística. Es decir, apenas el 4% del presupuesto total.
Y esto se desvanecido en viáticos, boletos de avión, ceremonias patrióticas, ofrendas florales y actos luctuosos. En otras palabras: se ha gastado más en protocolo y flores que en promoción.
¿Cómo puede hablarse de impulso al turismo cuando el presupuesto se destina a eventos simbólicos en lugar de estrategias, innovación o capacitación?
El problema no es solo moral o administrativo: es legal. El Reglamento Municipal de Turismo, en sus fracciones V y VI, establece que la Dirección tiene la obligación de desarrollar acciones de capacitación, sensibilización y sostenibilidad dirigidas a los actores del sector, en temas como derechos humanos y conservación del patrimonio cultural y ambiental. Nada de eso se ha hecho.
Tampoco se ha cumplido con el artículo 256, fracción XX, que ordena la presentación de informes trimestrales ante las comisiones edilicias competentes, detallando acciones, programas y resultados. Esos informes (que deberían garantizar la transparencia y la rendición de cuentas) simplemente no existen.
Y para agravar el panorama, el artículo 8º constitucional (que obliga a toda autoridad a responder por escrito las peticiones ciudadanas y las solicitudes formales de otros servidores públicos) también ha sido ignorado.
La titular de Turismo, según denunció la regidora, no ha respondido oficios, ni presentado informes, ni cumplido con su deber legal, ético ni moral.
Estas omisiones no son fallas menores: son actos de negligencia institucional que vulneran principios básicos de la función pública, como la legalidad, la transparencia, la eficacia y la rendición de cuentas.
No cumplir con la ley, no informar y no responder equivale a traicionar la confianza ciudadana. Y esa traición ya tiene consecuencias visibles. La ciudadanía empieza a notar la falta de resultados, la ausencia de proyectos turísticos sólidos y el estancamiento del sector.
Los últimos meses han dejado claro que Puerto Vallarta ha perdido presencia y competitividad en materia de promoción, mientras otros destinos avanzan con estrategias modernas y colaborativas.
El malestar crece entre operadores, empresarios y prestadores de servicios, pero también entre los propios vallartenses que viven —directa o indirectamente— del turismo y que hoy observan con preocupación la falta de rumbo y la opacidad con que se manejan los recursos públicos.
El turismo no se defiende con discursos ni con fotografías de eventos oficiales. Se defiende con planeación, gestión y resultados.
Y si los recursos públicos terminan en gastos simbólicos mientras el sector turístico se debilita, lo que está en crisis no es solo una dirección: es la credibilidad del propio gobierno municipal.
Puerto Vallarta no puede tener un turismo sin rumbo ni funcionarios sin responsabilidad. Porque cuando la ley se ignora, el dinero se malgasta y la ciudadanía deja de confiar, lo que se pierde no es solo el turismo: se pierde la ciudad.