Una servidora pública municipal identificada como Elvira “N”, adscrita a la Sindicatura, denunció haber sido despedida presuntamente como represalia por asistir a una manifestación pacífica en la que se exigía justicia para Clarissa, víctima mortal de un accidente automovilístico cuyo proceso ha sido señalado por presuntas irregularidades.
De acuerdo con su testimonio, el pasado 16 de febrero, al reincorporarse a sus labores tras una incapacidad, fue notificada de su baja y enviada a la Oficialía Mayor para firmar su renuncia. La única explicación que asegura haber recibido fue que su asistencia a la protesta “perjudicaba políticamente al presidente”.
De confirmarse los hechos que la exfuncionaria relató en redes sociales, podría tratarse de una vulneración de derechos constitucionales como la libertad de expresión, el derecho a la manifestación y el derecho al trabajo. Obligar o presionar a alguien para firmar una renuncia también podría configurar un despido injustificado.
¿Puede un gobierno sancionar a sus trabajadores por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente?
De confirmarse la denuncia, no se trataría solo de un conflicto laboral, sino de un precedente sobre los límites democráticos en el ejercicio del poder municipal.
Según la publicación de la exfuncionaria, otros compañeros también se encontrarían en una situación similar de acoso laboral por no alinearse con el Partido Verde o por no “aplaudir” las acciones del presidente municipal.
Para concluir, la exfuncionaria compartió el siguiente mensaje:
“Presidente Luis Munguía: si algún día su hijo fuera la víctima, usted también gritaría ¡justicia!
Reprimir a servidores públicos por ejercer su derecho a manifestarse no resolverá los problemas del municipio ni silenciará la exigencia legítima de la ciudadanía”.
Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una postura oficial.