En Puerto Vallarta, la ética pública parece tener horarios flexibles. Y a veces, esos horarios comienzan temprano en un salón de clases de la Universidad de Guadalajara y en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
La maestra María Magdalena Urbina Martínez, funcionaria municipal y profesora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), imparte clases por las mañanas en la Preparatoria Regional de Ixtapa, según datos oficiales de la propia plataforma universitaria. Hasta ahí, nada fuera de lo común. El gran problema es que la maestra también es regidora en funciones del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, un cargo que exige dedicación completa, presencia institucional y atención constante a la ciudadanía.
Porque ser regidora no es un empleo parcial ni una actividad complementaria: es una responsabilidad pública permanente. Y en este caso, tanto la UdeG como la Regidora comparten una responsabilidad ética que no pueden evadir.
De acuerdo con documentos de transparencia de la UdeG, Urbina Martínez percibe (sin contar deducciones) más de $43,000 pesos mensuales por su labor docente, además de $95,645.44 pesos por su función como regidora. En total, una cantidad superior a $138,000 pesos mensuales, todo proveniente de recursos públicos.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede una institución educativa de prestigio como la Universidad de Guadalajara mantener en nómina a una funcionaria municipal en activo, con horario asignado dentro del periodo escolar, sin cuestionar la evidente incompatibilidad de tiempos?
Las instituciones parecen haber normalizado lo que en la práctica constituye una distorsión ética y administrativa: servidores públicos que cobran doble, mientras presumen dedicación a una sola causa.
La UdeG cuenta con un Código de Ética e Integridad que exige a su personal académico actuar con honestidad, transparencia y compromiso social. Sin embargo, ha optado por mirar hacia otro lado. Porque está claro que ambas instituciones (Gobierno y Universidad) sostienen con dinero público a una misma persona en dos nóminas distintas, sin rendir cuentas ni establecer mecanismos de control.
El Código de Ética de los Servidores Públicos establece que toda persona que ejerza funciones gubernamentales debe hacerlo con integridad, dedicación y honradez. No se trata solo de evitar la ilegalidad, sino de preservar la confianza ciudadana.
Dar clases mientras se cobra un salario público por representar al pueblo no es precisamente un ejemplo de congruencia cívica. Es el reflejo de cómo la ética, en la práctica, se ha convertido en materia optativa, tanto en el aula como en el Cabildo.
El caso de Urbina Martínez no es aislado. Forma parte de un fenómeno extendido y, peor aún, tolerado institucionalmente: servidores públicos con doble empleo, doble sueldo y media entrega.
Pero la falla no es individual: es sistémica. Las universidades públicas y los ayuntamientos (ambos sostenidos por el mismo presupuesto ciudadano) han permitido que sus estructuras se crucen, generando zonas grises donde la rendición de cuentas se diluye y la moral administrativa se extravía.
¿Dónde queda la responsabilidad de las instituciones que presumen formar ciudadanos éticos y servidores públicos ejemplares, si son ellas mismas las que auspician esta ambigüedad?
La ley puede permitirlo (hasta cierto punto), pero el desempeño, los horarios, los resultados y la ética no lo justifican. Porque ser regidor no es un oficio de medio tiempo, y enseñar civismo y democracia no se hace solo desde el pizarrón, sino también con el ejemplo: el de las instituciones, los maestros y los servidores públicos.
La Universidad de Guadalajara debería revisar con rigor sus criterios de compatibilidad y transparencia; de lo contrario, sería cómplice de un modelo que erosiona la confianza pública: el del servidor público que trabaja a ratos, pero cobra completo… y por partida doble.
*Fuentes:
Gobierno de Puerto Vallarta
Universidad de Guadalajara