La escollera de piedra en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, finalmente fue concluida. Lo hizo en medio de protestas ciudadanas, denuncias ambientales, reuniones con autoridades y una presión social que, pese a crecer durante semanas, no logró detener la obra.
Para colectivos ambientalistas y habitantes de la zona, el caso ya dejó de ser únicamente un conflicto por infraestructura costera. Hoy representa una discusión mucho más profunda sobre acceso público a las playas, poder económico, turismo inmobiliario y la capacidad real de las comunidades para defender su territorio.
“El dinero pesó más que la voz de la gente y del mar”, declaró el ambientalista Pepe Ávila, una de las voces más visibles en la defensa de Playa Las Cocinas.
Desde el inicio del conflicto, habitantes de Punta de Mita denunciaron que la construcción invadía una franja que, por ley, debe mantenerse libre como parte de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). La comunidad insistió en que el proyecto debía respetar al menos 20 metros de retiro, mientras que versiones extraoficiales hablaban de ajustes menores de cinco o diez metros que nunca convencieron a los inconformes.
La disputa no ocurrió únicamente en redes sociales. Durante semanas hubo reuniones con autoridades federales, denuncias ante PROFEPA y SEMARNAT, protestas ciudadanas y una creciente presión pública impulsada por activistas, pescadores, residentes y organizaciones comunitarias.
El caso escaló rápidamente porque toca uno de los temas más sensibles en las costas mexicanas, la privatización indirecta del litoral. Aunque constitucionalmente las playas son públicas, distintos colectivos han denunciado que el desarrollo inmobiliario y turístico de lujo ha ido limitando el acceso real de las comunidades a espacios históricamente utilizados de manera colectiva.
Además del debate legal, ambientalistas advirtieron posibles impactos ecológicos en una zona cercana a áreas de anidación de tortugas marinas y ecosistemas costeros sensibles. También cuestionaron la falta de transparencia sobre permisos, estudios técnicos y evaluaciones ambientales relacionadas con la obra.
La conclusión de la escollera no cerró el conflicto. Por el contrario, parece haber profundizado la percepción de desconfianza hacia las instituciones encargadas de regular el desarrollo costero.
Para muchos habitantes, Playa Las Cocinas se convirtió en un símbolo de algo más grande, la sensación de que las decisiones sobre el territorio continúan tomándose lejos de las comunidades y más cerca de los intereses económicos ligados al turismo de alto nivel.
Mientras tanto, colectivos ciudadanos aseguran que continuarán las acciones legales y sociales para exigir acceso libre a las playas y protección ambiental para el litoral de Punta de Mita.
Porque, como repiten quienes encabezan la resistencia, “la defensa nunca fue solo por una playa”.