El conflicto en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, escaló durante las últimas semanas luego de que la Fiscalía General de Nayarit confirmara la apertura de investigaciones relacionadas con las protestas contra obras vinculadas al desarrollo inmobiliario Cantiles de Mita, propiedad de Grupo DINE.
La situación ha colocado en el centro del debate temas que van más allá de un proyecto turístico, el acceso público a las playas, la protección ambiental, el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y los límites entre el derecho a la protesta y la actuación del Estado.
Durante abril y mayo de 2026, habitantes, colectivos ambientalistas y activistas realizaron manifestaciones y bloqueos carreteros en la zona de Bahía de Banderas para exigir la suspensión de obras que, aseguran, afectan ecosistemas costeros y restringen el libre tránsito hacia la playa.
Las protestas derivaron en operativos de la Policía Estatal, presencia permanente de fuerzas de seguridad y detenciones de manifestantes, generando fuertes críticas por parte de organizaciones ciudadanas que acusan una posible criminalización de la protesta social.
Por su parte, autoridades estatales han defendido las acciones de seguridad argumentando la necesidad de garantizar el orden público, el libre tránsito y el cumplimiento de resoluciones legales relacionadas con el proyecto.
El caso también abrió cuestionamientos sobre la legalidad ambiental de las obras y los permisos otorgados en una de las zonas costeras con mayor presión inmobiliaria del Pacífico mexicano.
Colectivos y especialistas han pedido transparencia en torno a las autorizaciones federales, particularmente en materia de impacto ambiental y uso de ZOFEMAT.
Más allá del conflicto inmediato, Playa Las Cocinas se ha convertido en un nuevo punto de tensión entre el modelo de desarrollo turístico de alto nivel y las demandas ciudadanas por acceso público, protección ambiental y participación comunitaria en las decisiones sobre el territorio.
Mientras continúan las investigaciones y mesas de diálogo, el caso refleja un debate cada vez más presente en destinos turísticos del país, quién decide sobre las playas, bajo qué reglas y con qué consecuencias sociales y ambientales.