Puerto Vallarta, Jalisco. — El caso del restaurante vinculado a Juan Pablo Martínez Torres, Gerente de Prosperidad, Desarrollo Económico y Turismo, no es un simple error administrativo. Es una grave omisión legal del municipio (según consta en documentos oficiales del Ayuntamiento). Entonces, en Vallarta, ¿quién cumple?, ¿quién revisa? y ¿a quién se le permite operar al margen de las reglas?
Porque si un negocio pudo operar durante años sin registro de licencia o permisos en Vallarta, no sería un error inocente, sino un posible encubrimiento.
La gravedad aumenta porque Padrón y Licencias forma parte del propio eje de “Prosperidad”, encabezado por Martínez Torres. Documentos oficiales ubican a Juan Pablo Martínez como gerente de Prosperidad, Desarrollo Económico y Turismo, y a Luis Fuentes como Director de Padrón y Licencias dentro de esa misma estructura.
Los hechos que se han hecho públicos apuntan a una contradicción de fondo, la misma área que cobra, inspecciona y sanciona a miles de comercios es la que hoy aparece bajo cuestionamiento por un establecimiento sin licencia. Es decir, quien debería vigilar, hoy está señalado.
De acuerdo con señalamientos difundidos públicamente, el restaurante ubicado en avenida Francisco Villa #1285, Local 1, en Fluvial Vallarta, no tendría registro de licencia o permiso municipal, pese a operar desde hace años. La denuncia se sustenta en una respuesta de transparencia bajo el expediente 0210/2026, en la que Padrón y Licencias habría confirmado no localizar registro alguno del establecimiento.
El problema político es grave. La misma oficina encargada de ordenar, registrar y sancionar comercios reconoce en sus funciones la integración del padrón de unidades económicas, la expedición de licencias y permisos para su funcionamiento lícito, así como el inicio de procedimientos por violaciones a la normativa.
Si eso aplica para cualquier pequeño comerciante, con mayor razón debería aplicar cuando el caso involucra a un funcionario de alto nivel.
Mientras pequeños negocios enfrentan operativos, refrendos, pagos, multas y clausuras, este caso exhibe la sospecha de una aplicación selectiva de la ley. Y cuando la ley se aplica de forma selectiva, deja de ser ley y se convierte en una herramienta discrecional al servicio de intereses.
El gobierno ha hablado de simplificación, certeza jurídica y orden. Pero la certeza no se declara, se demuestra con expedientes completos, trazabilidad de permisos y sanciones sin excepción.
Si el establecimiento no cuenta con licencia, la pregunta es, ¿quién permitió que operara y por qué no se actuó antes?
También existen señalamientos públicos contra Luis Fuentes, director de Padrón y Licencias, por presunta opacidad en permisos y decisiones administrativas en otros casos.
En Puerto Vallarta, los pequeños negocios viven bajo supervisión constante. Pero cuando el señalamiento alcanza a alguien cercano al poder, la respuesta institucional parece diluirse. Esa es la doble vara que tanto ha enfurecido a la ciudadana vallartense.
No se trata solo de un restaurante. Se trata de saber si la ley municipal funciona como norma general o como una herramienta discrecional. Si Padrón y Licencias no encuentra registro, el Ayuntamiento debe explicar quién permitió la operación, por qué no actuó antes y cuando se aplicaran las consecuencias administrativas que corresponden de acuerdo a la ley.
Porque si no hay licencia, no hay margen para interpretaciones. Hay una irregularidad que debe investigarse. Y si el funcionario responsable de promover el desarrollo económico aparece vinculado a un negocio sin permisos, entonces el discurso de orden, prosperidad y legalidad queda reducido a una fachada.
La pregunta es simple… ¿en Vallarta la ley se aplica de manera pareja o solo a quienes no tienen respaldo dentro del gobierno?