El día de hoy, durante la sesión de la Comisión de Salud en Puerto Vallarta, el Subdirector de Diversidad del Ayuntamiento, Carlos Plascencia, emitió una declaración grave que no solo exhibe ignorancia institucional, sino que evidencia un ejercicio de poder profundamente contrario a la diversidad que dice representar:
“Luego hay personas que ponen negocios de la diversidad sexual pero ni de la comunidad son, vamos a ver cuántas personas tienen trabajando en cada negocio para la diversidad sexual”.
Esto no es una frase menor. No es un error semántico. Es una postura ideológica peligrosa, expresada desde una oficina pública. Y el problema no es solo la declaración, sino quién la dice y desde dónde la dice: Carlos Plascencia, Subdirector de Diversidad.
Cuando un funcionario público se atribuye el derecho de cuestionar la identidad de personas o empresarios, deja de cumplir una función institucional. La diversidad sexual no necesita certificación oficial, ni aprobación de una subdirección, ni el visto bueno de un burócrata con micrófono. No existe una “comunidad válida” y otra “ilegítima” según el criterio personal del subdirector en turno.
Eso no es diversidad. Eso es exclusión con cargo público.
La insinuación de “revisar cuántas personas trabajan en cada negocio” no solo es absurda, es alarmante, porque introduce una idea inadmisible desde el gobierno: que la orientación sexual o la identidad de género puedan convertirse en criterios de evaluación, señalamiento o sospecha.
Si Carlos Plascencia no lo sabe (y debería), es importante decirlo con claridad: ninguna autoridad municipal tiene facultades para auditar negocios con base en la identidad sexual de sus dueños o empleados. Plantearlo siquiera roza el abuso de autoridad y abre la puerta a prácticas discriminatorias que el propio Estado mexicano está obligado a erradicar.
Esta postura constituye además una agresión directa contra quienes han contribuido a construir a Puerto Vallarta como un destino incluyente, y tiene consecuencias reales. Una de ellas es el ataque (aunque no se mencione por nombre) a figuras históricas que han apoyado y promovido la identidad LGBTQ+ del municipio.
Como por ejemplo, Vidal Meza Peña, propietario de Almar Resort Luxury LGBT Beach Front Experience. Empresario, sí, pero sobre todo uno de los pilares históricos del Vallarta Pride, impulsor constante de iniciativas de promoción turística, generación de empleo, apoyo comunitario y proyección internacional del destino.
Cuestionar la legitimidad de este tipo de actores es reescribir la historia desde la ignorancia; es negar décadas de trabajo real mientras se pretende administrar la diversidad desde un escritorio.
Puerto Vallarta no sería lo que es hoy sin empresarios, aliados y promotores que apostaron por la inclusión cuando el gobierno no lo hacía.
Resulta inquietante que alguien con el título de Subdirector de Diversidad reproduzca exactamente los vicios que dice combatir, divide a la comunidad, estigmatiza a los aliados, “sospechar” del sector privado y amenazar desde la narrativa. No hay una sola palabra en su declaración sobre derechos humanos, inclusión real, combate a la violencia, políticas públicas, protección laboral, salud o bienestar. Solo hay desconfianza, discriminación y señalamientos.
La diversidad no se gobierna desde el prejuicio. Puerto Vallarta es un referente internacional porque entendió algo básico: la diversidad se construye sumando, no excluyendo.
Cuando una subdirección comienza a hablar como tribunal “ideológico”, el problema no es la comunidad: es la persona que ocupa el cargo. Si Carlos Plascencia no distingue entre promover derechos y vigilar identidades, entre inclusión y control, entre política pública y prejuicio personal, entonces no está fallando la diversidad en Puerto Vallarta. Está fallando quien pretende hablar en su nombre.