El gobierno de Estados Unidos hizo pública una acusación penal contra el expresidente cubano y otros altos mandos del régimen cubano por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, un caso que durante décadas ha marcado la tensión política entre Washington y La Habana.
La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia estadounidense en una corte federal de Miami y señala delitos como conspiración para as3s1n@r ciudadanos estadounidenses, as3s1n@t0 y d3strucc10n de aeronaves civiles.
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves de la organización “Hermanos al Rescate”, integrada por exiliados cubanos en Miami que realizaban sobrevuelos sobre el Estrecho de Florida para localizar balseros. El ataque dejó cuatro personas mu3rt@s, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses.
Según la fiscalía estadounidense, (quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas) habría formado parte de la cadena de mando que autorizó la operación militar.
El gobierno cubano rechazó las acusaciones y el presidente calificó el proceso como una “maniobra política”, asegurando que las avionetas violaban repetidamente el espacio aéreo cubano.
Aunque la acusación representa un movimiento inusual y de alto impacto político por parte de Estados Unidos, una acusación formal no significa automáticamente una condena o extradición, especialmente tratándose de figuras protegidas por otro Estado soberano.
El caso revive uno de los episodios más tensos entre Cuba y Estados Unidos en las últimas décadas y vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre soberanía, derechos humanos, memoria histórica y justicia internacional.