El tr@f1c0 il3gal de especies marinas volvió a exhibir la presión que enfrenta la biodiversidad en México. Un juez federal en Colima dictó una sentencia de dos años y ocho meses de prisión, además de una reparación del daño ambiental superior a los 4 millones de pesos, por el intento de exportar más de 2.2 toneladas de aletas de tiburón hacia Filipinas.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la mercancía fue localizada en el puerto interior de Manzanillo y pretendía salir del país sin permisos oficiales ni autorizaciones ambientales.
Las aletas pertenecían a tiburones de los géneros alopias y carcharhinus, especies protegidas por el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), debido al riesgo que enfrentan por la sobreexplotación y el comercio internacional.
Además de la pena de prisión, el juez ordenó una multa de más de 73 mil pesos, el decomiso total de la mercancía y la suspensión de derechos políticos y civiles de la persona responsable.
La Profepa participó en el proceso como v1ct1m@ y coadyuvante del Ministerio Público para determinar el impacto ambiental y definir la reparación del daño.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa una problemática global que organizaciones ambientalistas y científicas han advertido desde hace años, la captura y comercio il3g@l de tiburones continúa siendo una de las principales amenazas para los ecosistemas marinos.
Especialistas han señalado que los tiburones cumplen una función clave en el equilibrio de los océanos, por lo que su disminución impacta directamente la salud marina y las cadenas alimenticias.
La sentencia aún puede ser apelada; de no presentarse recursos legales, quedará firme y pasará a etapa de ejecución.