El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta volvió a cruzar (una vez más) una línea grave… utilizar recursos, plataformas y estructuras oficiales para operar propaganda política desde dentro del Ayuntamiento y presionar a trabajadores municipales para promover campañas de limpieza de reputación a favor de una funcionaria pública, Lucky Michel.
Funcionarios municipales utilizaron este día el grupo institucional de WhatsApp “Archivo Municipal – Enlaces”, creado por la Jefatura de Archivo Municipal para coordinar temas administrativos del Archivo Municipal 2024–2027, con el objetivo de pedir a empleados públicos compartir publicaciones en favor de la presidenta del DIF, Lucky Michel, luego de los cuestionamientos públicos difundidos este mismo día sobre presuntas irregularidades relacionadas con una beca académica de la cual es beneficiaria.
La instrucción fue clara y directa para todos los empleados, “Nos ayudan a compartir compañeros”.
Es decir, trabajadores del gobierno siendo utilizados como un “ejército digital” en pleno horario laboral para limpiar la imagen de una funcionaria del más alto nivel dentro del gobierno de Puerto Vallarta.
Estamos hablando de algo muy serio, el posible uso indebido de recursos públicos, canales oficiales de comunicación y estructuras gubernamentales para fabricar respaldo político artificial desde el interior de la administración municipal.
Mientras Puerto Vallarta enfrenta graves y urgentes problemas de basura, agua, infraestructura y seguridad, dentro del Ayuntamiento hay funcionarios más preocupados por organizar campañas de aplausos y defensa digital para funcionarios del Partido Verde como Lucky Michel, pero además, utilizando tiempo laboral para hacerlo.
Existen reportes de cientos de mensajes similares circulando en distintas plataformas internas del gobierno; sin embargo, este caso en particular corresponde a un mensaje difundido desde un grupo administrado por Grace Kelly Ávila Peña, jefa del Archivo Municipal, quien recibe un salario mensual de $32,860.20 pesos pagados con dinero público.
Es decir, una funcionaria contratada para administrar archivos, está como administradora de una plataforma que debería ser para coordinar comunicación institucional, pero se está usando para operar propaganda política.
El fondo del problema es todavía más grave, trabajadores municipales quedan expuestos a dinámicas de presión política disfrazadas de “compañerismo”, que los empujan a romper reglas e incluso posibles disposiciones legales. Porque cuando un superior jerárquico pide compartir publicaciones dentro de grupos oficiales del gobierno, el mensaje implícito es evidente, apoyar no es opcional.
Lo ocurrido exhibe el nivel de degradación institucional dentro del gobierno municipal, oficinas públicas convertidas en centros de operación política, funcionarios actuando como coordinadores de propaganda y empleados utilizados como bots humanos para defender a personajes con una reputación públicamente cuestionada.
El Ayuntamiento no fue creado para administrar campañas de imagen personal. Fue creado para gobernar. Pero en Puerto Vallarta, cada vez parece importar más controlar el espacio digital en favor de sus políticos y partido, que resolver los gravísimos problemas y urgencias que enfrenta hoy la ciudad.