Puerto Vallarta, Jalisco. — En medio de una creciente tensión social por desarrollos inmobiliarios en zonas costeras, el proyecto Arcos Serenity Residences, promovido por Grupo VEQ como un desarrollo residencial “exclusivo” frente al mar, encendió nuevas alertas por su posible impacto urbano, ambiental y paisajístico en una de las zonas más sensibles del sur de Puerto Vallarta.
La propia publicidad del proyecto lo presenta como un complejo de cuatro torres residenciales, con 10 niveles por torre, amenidades integradas, seguridad privada y unidades dirigidas a inversionistas con presupuestos de entre 8 y 20 millones de pesos. En sus materiales comerciales, el desarrollo se promociona como un “santuario privado en el Pacífico”, con imágenes asociadas a Los Arcos y a la costa sur de Vallarta. El sitio oficial confirma que se trata de un desarrollo de gran escala con enfoque de inversión inmobiliaria.
Pero el problema no es el lujo, sino el territorio. El proyecto surge en un contexto donde la región enfrenta una disputa cada vez más abierta entre urbanización costera, presión inmobiliaria, acceso público a playas, protección ambiental y capacidad institucional para revisar permisos. En octubre de 2025, tras difundirse material promocional del desarrollo, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta declaró que no había expedido licencias de construcción en el área de Los Arcos de Mismaloya, aunque señaló que el proyecto se ubicaría en la montaña y no sobre la carretera 200 sur.
La zona no es cualquier punto del mapa. Los Arcos de Mismaloya son uno de los símbolos naturales más importantes de Puerto Vallarta y han sido objeto de exigencias ciudadanas e institucionales para avanzar hacia una protección legal más clara.
En enero de 2026, el Ayuntamiento aprobó un exhorto para solicitar información sobre su estatus legal, impulsar su declaratoria como área natural protegida, rechazar concesiones privadas y garantizar el acceso público a la playa.
Desde el punto de vista legal, cualquier desarrollo inmobiliario que pueda afectar ecosistemas costeros, zonas federales, litorales o áreas naturales protegidas debe someterse a evaluación ambiental federal. La LGEEPA establece que este tipo de proyectos requiere evaluación de impacto ambiental y, en caso de remoción de vegetación, la autorización de cambio de uso de suelo ante Semarnat.
Hasta ahora, con la información pública disponible, no es posible confirmar si el proyecto cuenta con todos los permisos federales, estatales y municipales necesarios, ni si existen estudios como la Manifestación de Impacto Ambiental, dictámenes urbanos, análisis de carga hídrica, movilidad o protección civil. Esa falta de certeza es, precisamente, el punto crítico de la controversia entre los pobladores.
Arcos Serenity no puede presentarse solo como una oportunidad de inversión. También debe transparentar cómo impactará el paisaje, el agua, la movilidad, la montaña, la costa y el acceso público en una zona bajo presión ambiental y social.
En un destino donde el territorio se ha convertido en eje de conflicto, la discusión ya no es cuánto cuesta un departamento, sino si todo está en regla, quién autoriza, bajo qué criterios y a costa de qué entorno.