Más que soluciones, el reciente informe del DIF Vallarta expone una realidad social que sigue creciendo sin resolverse.
El Sistema DIF Puerto Vallarta volvió a hacer lo que mejor sabe, presentar números. Sesiones, terapias, despensas, talleres. Una lista larga que, en apariencia, habla de trabajo institucional, pero que en el fondo exhibe algo mucho más incómodo, la normalización de la desigualdad en uno de los destinos turísticos más rentables del país.
Bajo la presidencia de Lucky Michel, el organismo reportó que durante marzo atendió a 280 familias con más de mil sesiones de terapia. También sumó 410 familias en programas de formación y cientos de servicios en rehabilitación, discapacidad y atención comunitaria. Las cifras están ahí. El problema es lo que significan.
Porque cuando un gobierno presume que cada mes necesita atender a cientos de familias en crisis emocional, alimentar a casi 800 personas o entregar apoyos básicos para sobrevivir, lo que está mostrando no es fortaleza institucional, sino una realidad social que no está siendo resuelta.
La asistencia social en Vallarta dejó de ser un mecanismo de apoyo para convertirse en un sistema de contención permanente. Se administra la necesidad, se distribuye la carencia y se documenta el rezago como si fuera avance.
En la Unidad Regional de Rehabilitación se otorgaron cientos de servicios, mientras que en discapacidad se entregaron apenas 17 aparatos ortopédicos. En paralelo, más de 300 personas asistieron a talleres sobre cultura de la discapacidad. La proporción es brutal, más discurso que soluciones materiales.
El caso de los adultos mayores es aún más impactante. Más de 700 usuarios activos en programas asistenciales y apenas 21 personas bajo atención permanente. A esto se suma la integración de más de 200 adultos mayores a labores como empacadores. En una ciudad que vive del turismo internacional, esa cifra no habla de inclusión, habla de sobrevivencia.
Los apoyos alimentarios terminan de cerrar el cuadro. Casi 800 personas recibieron despensas, alimentos o apoyos básicos. En cualquier otro contexto, sería un dato de alerta; aquí se presenta como logro. Y ese es el punto de quiebre.
El discurso institucional convierte la emergencia social en estadística operativa. Mientras más personas necesitan ayuda, más “resultados” puede reportar el sistema. Es una lógica perversa, el problema alimenta la narrativa de solución.
Los talleres comunitarios, que alcanzaron a menos de 100 personas en colonias con alta vulnerabilidad, terminan siendo simbólicos frente a la magnitud del rezago estructural. No hay política pública transformadora; hay intervenciones fragmentadas.
Puerto Vallarta genera millones, pero reparte despensas. Presume crecimiento, pero multiplica la dependencia. Habla de bienestar, pero administra carencias.
El informe del DIF no miente. Pero tampoco dice toda la verdad.
Porque detrás de cada número hay una realidad que no cambia. Y mientras el sistema siga midiendo su éxito en función de cuántas personas atiende (y no de cuántas dejan de necesitar ayuda), la desigualdad no solo continuará, se va a institucionalizar.