Puerto Vallarta, Jalisco. — Lo que debería ser parque, área verde y espacio para la comunidad, ahora quedará en manos de un privado durante dos décadas. Así se perfila el Acuerdo Edilicio 0455/2026, discutido en comisiones del Ayuntamiento, que abre la puerta a lo que se podría calificar como una privatización encubierta del espacio público.
La propuesta entrega en comodato por 20 años cinco predios municipales (más de 9,357 metros cuadrados) a la empresa GOVACASA, S. de R.L. de C.V., dentro del fraccionamiento Vivento.
No es cualquier terreno. Se trata de áreas de cesión obligatoria, es decir, espacios que por ley deben destinarse a parques, áreas verdes, andadores y zonas recreativas abiertas a la ciudadanía
En otras palabras, a espacios públicos que ya eran de la gente.
El comodato no vende la tierra, pero en la práctica cede el control, la administración y la operación al desarrollador privado durante 20 años. Eso implica algo más profundo e importante, ¿quién decide quién entra, cómo se usa y para quién funciona ese espacio?
El mecanismo es legal en forma, pero cuestionado en el fondo. Porque aunque no hay transferencia de propiedad, sí hay, control privado del entorno, posibilidad de regular accesos, incremento directo de la plusvalía del desarrollo inmobiliario y desplazamiento del uso comunitario real
Es la privatización sin decirle privatización.
La iniciativa fue impulsada por el regidor Víctor Manuel Bernal Vargas, una figura que ya arrastra controversias dentro del Cabildo por vinculación con el tema de parquímetros, señalamientos por presunta violencia política de género, y multiples iniciativas con objetivos económicos y de recaudación
Este contexto no es algo menor, define el nivel de confianza pública sobre decisiones que involucran patrimonio común.
Puerto Vallarta no está en condiciones de perder (ni simbólica ni funcionalmente) sus espacios públicos. La ciudad enfrenta reducción progresiva de áreas verdes, crecimiento inmobiliario acelerado, presión turística constante y desigualdad en acceso a espacios urbanos de calidad
En ese escenario, entregar más de 9 mil m² a control privado no es un simple trámite administrativo, es una mala decisión de modelo de ciudad.
Hasta ahora, no hay claridad pública sobre puntos clave, ¿El acceso será realmente libre o habrá control indirecto? ¿Quién supervisará el uso del espacio y con qué facultades? ¿Se permitirá explotación comercial? ¿Qué mecanismos garantizan la reversión si hay incumplimiento?
Sin estas respuestas, el comodato se convierte en una zona gris donde lo público se diluye en lo privado. Y este debate no es técnico. Es político y social, ¿Los espacios públicos siguen siendo un derecho ciudadano o se están convirtiendo en herramientas para valorizar desarrollos privados?
Entregar espacios que pertenecen a la ciudad a un particular por 20 años (aunque sea bajo figura legal) no puede pasar como un simple acuerdo administrativo.
Es una señal clara de hacia dónde se está moviendo Vallarta. Menos ciudad para todos y más ciudad bajo control privado
Y eso, en una ciudad turística con alta presión urbana, es una importante alerta.