Organizaciones de la sociedad civil han denunciado públicamente una grave violación a la confidencialidad médica por parte de la Coordinación Municipal de COMUSIDA en Puerto Vallarta, al haber compartido datos personales sensibles de personas que viven con VIH con una universidad privada para fines académicos, sin el consentimiento informado de las y los usuarios afectados.
De acuerdo con la denuncia, una persona usuaria de COMUSIDA fue contactada directamente por una estudiante universitaria para responder una encuesta dirigida específicamente a personas con diagnóstico de VIH. El contacto se realizó sin que la persona hubiera autorizado el uso ni la cesión de su información clínica, lo cual detonó una investigación por parte de colectivos locales de derechos humanos y salud sexual.
Según información verificada y confirmada por las organizaciones involucradas, fue Leticia Enedina López Moreno, actual coordinadora de COMUSIDA, quien autorizó y entregó los datos a personas externas a la institución, justificando su decisión bajo el argumento de que se trataba de un proyecto escolar con fines académicos y de que la encuesta sería anónima.
Sin embargo, agrupaciones como Círculo Rojo, PrEP Vallarta, IncluY y el Movimiento por la Igualdad en México (MOVii) rechazan dicha justificación, al señalar que ninguna institución pública puede compartir datos personales sensibles —mucho menos diagnósticos clínicos— con terceros sin la autorización expresa de las personas involucradas.
Este acto representa una violación directa a múltiples normativas y principios legales, entre ellos:
* El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
* La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO)
* La Ley General de Salud, que garantiza la confidencialidad del estado serológico
* Los Principios de Yogyakarta y las directrices de ONUSIDA, que establecen estándares internacionales de protección para las personas que viven con VIH
Ante la gravedad del hecho, las organizaciones firmantes exigen de forma inmediata:
1. La apertura de una investigación administrativa que esclarezca los hechos y determine responsabilidades legales.
2. La suspensión total de cualquier colaboración entre COMUSIDA y la universidad involucrada, así como la cancelación del uso de cualquier dato obtenido sin consentimiento informado.
3. La destitución de todas las personas responsables, incluyendo a la coordinadora de COMUSIDA.
4. La implementación de protocolos estrictos de protección de datos personales en todas las áreas dependientes de la Dirección de Promoción de la Salud.
5. Un pronunciamiento público institucional que reconozca el daño cometido, ofrezca garantías de no repetición y reafirme el compromiso con la ética en salud pública.
6. El ofrecimiento de acompañamiento jurídico, psicológico y medidas de reparación simbólica para las personas afectadas por la filtración.
Los colectivos subrayan que el consentimiento informado no es una formalidad, sino un principio ético y legal fundamental. Por tal razón, compartir información personal sin autorización no solo constituye una falta grave, sino una agresión directa contra la dignidad de personas históricamente vulneradas.
Este caso ha encendido las alertas sobre los protocolos de manejo de información confidencial en instituciones públicas de salud, especialmente en contextos donde persisten el estigma y la discriminación hacia quienes viven con VIH.
Las organizaciones aseguraron que harán llegar a las autoridades municipales toda la documentación que respalda esta queja y reiteraron su disposición para colaborar en una resolución justa y ejemplar.