Este sábado en la madrugada, la diputada Yussara Canales aprobó junto a la bancada del PAN, MC y un par de legisladores del PVEM, una controvertida medida que establece la verificación vehicular obligatoria, cuyo costo será absorbido por un incremento en el refrendo. Además, se aprobó un paquete de nuevos impuestos que incluye el reemplacamiento obligatorio.
Entre los puntos más polémicos destaca la asignación de 900 millones de pesos a los proveedores encargados de la verificación, un monto que será financiado por los ciudadanos a través de los nuevos cobros. Aunque se presentó como un “subsidio”, el aumento en el refrendo ha generado críticas por el impacto económico que tendrá en los bolsillos de las familias.
Líderes sociales, políticos, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, han señalado y criticado duramente, que esta decisión prioriza los intereses de empresas privadas sobre las necesidades de la población, calificando el esquema como un duro golpe a la economía.